La decisión del Consejo de Estado de suspender al gobernador Luis Gilberto Murillo, el de más alta popularidad en el país, les cayó a los chocoanos como un baldado de agua fría. La suspensión se deriva de una vieja condena que se le hizo en 1997, cuando Murillo como director de la Corporación Autónoma Regional (Codechocó) desvió 5 millones de pesos de un programa ambiental para la construcción de una escuela. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia que lo condenó a seis meses de cárcel, que sirvió de base para que su elección fuera demanda ante el Consejo de Estado.
Los seis meses de gestión del gobernador Murillo han sido sobresalientes, hasta conseguir que tanto el presidente Santos como los ministros del gabinete se comprometieran con la suerte del departamento y lo incluyeran en las nacionales. Murillo, aseguran en Quibdó, había parado el desangre de carteles de abogados que, a punta de demandas laborales poco transparentes, tenían azotada las finanzas departamentales. Pero, además, había logrado superar la crisis en el sector educativo, superar las dificultades con los indígenas y logrado la confianza de organismos internacionales como el PNUD para trabajar en programas sociales.
El Chocó no había conocido un gobernador con este talante, razón por la cual sus coterráneos se harán oír para evitar que una cuestionable decisión judicial se atraviese en el camino. El Tribunal Administrativo de Chocó decide si él debe seguir en el cargo o no.
