Colombia dio un paso trascendental: la Corte Constitucional reconoció oficialmente que existen familias desplazadas por el cambio climático. No son víctimas del conflicto, sino del desbordamiento de los ríos, de la erosión costera, de la sequía que arrasa los cultivos o del fuego que consume los bosques. El país se convierte así en uno de los primeros en América Latina en reconocer jurídicamente el desplazamiento climático interno.
Pero el camino apenas comienza
Actualmente cursa en el Congreso el Proyecto de Ley 015 de 2024 (Senado) junto con una iniciativa complementaria en la Cámara que busca reglamentar este reconocimiento: crear un registro nacional, establecer rutas de atención y reasentamiento digno, y asignar recursos para que las comunidades puedan adaptarse sin perder su territorio ni su identidad.
La Corte ya marcó el precedente; ahora el reto es convertir la sentencia en política pública. Esto implica coordinar ministerios, gobernaciones y alcaldías; articular los planes de ordenamiento con criterios de riesgo climático; y garantizar que los reasentamientos sean integrales, sostenibles y con oportunidades.
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Más que una obligación, es una oportunidad: Colombia puede liderar en la región un modelo de justicia climática y gestión preventiva. Cada familia protegida es una historia salvada de la invisibilidad. El reconocimiento no es solo un gesto jurídico, es una señal de futuro: un país que empieza a entender que cuidar a las personas también es cuidar el territorio.
¿Logrará el Congreso convertir esta decisión en una ley que proteja, prevenga y repare a quienes el clima ya obligó a moverse?
