Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro abrieron un nuevo frente de controversia política tras asegurar que tuvo conocimiento de presuntos acuerdos ilegales que buscarían incidir en los resultados electorales. Según el mandatario, la información estaría relacionada con el candidato presidencial Abelardo De La Espriella y los hermanos Bautista, accionistas mayoritarios de la empresa Thomas Greg and Sons.
El señalamiento ha generado múltiples interpretaciones. De confirmarse, el episodio podría recordar el escándalo de las interceptaciones ilegales conocidas como “chuzadas” durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando Petro, entonces en la oposición, denunció haber sido víctima de seguimientos por parte del DAS.
No obstante, fuentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) aseguraron que la información mencionada por el jefe de Estado no proviene de esa entidad, ya que no cuenta con facultades legales ni capacidades técnicas para interceptar comunicaciones. Este punto ha incrementado las dudas sobre el origen de los datos divulgados.
En defensa del mandatario, el exdirector de la DNI Wílmar Mejía sostuvo que el presidente no hablaba de inteligencia estatal, sino de información derivada de una orden judicial. Según explicó, un juez habría autorizado interceptaciones telefónicas y el presidente, como receptor de información de distintas fuentes, tuvo acceso a esos datos.
Por su parte, De La Espriella rechazó categóricamente las afirmaciones y aseguró que no ha tenido ningún tipo de contacto con los mencionados empresarios, mucho menos para hablar de una eventual manipulación electoral. En la misma línea, fuentes cercanas a Thomas Greg and Sons también negaron cualquier acuerdo irregular.
La controversia escaló al plano judicial. El candidato solicitó la apertura de investigaciones tras considerar graves las declaraciones del presidente. Además, su campaña, a través del abogado Germán Calderón España, presentó una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por presunta violación ilícita de comunicaciones. Acciones similares fueron radicadas ante la Fiscalía y la Procuraduría.
En el ámbito político, analistas plantean que el episodio podría tener implicaciones electorales. Algunos consideran que las afirmaciones del presidente podrían influir en la competencia dentro de la derecha, particularmente entre De La Espriella y Paloma Valencia. En paralelo, el candidato de izquierda Iván Cepeda aparece con ventaja en escenarios de segunda vuelta, según distintas encuestas.
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Cepeda, además, ha intensificado su agenda internacional, replicando la estrategia que llevó a Petro a la presidencia en 2022. En los últimos días se reunió con Luiz Inácio Lula da Silva y confirmó un próximo encuentro con Claudia Sheinbaum.
Mientras tanto, el panorama electoral sigue en movimiento. Se prevé la adhesión de la senadora Clara López a la campaña de Cepeda, mientras Luis Gilberto Murillo mantiene su aspiración presidencial. Por su parte, Sergio Fajardo reiteró que no renunciará a su candidatura.
En medio de este escenario, los partidos tradicionales aún no definen respaldos claros, lo que aumenta la incertidumbre política en un contexto marcado por señalamientos, denuncias y creciente polarización.
