Una sentencia de la Corte Constitucional ordenó al Estado colombiano adoptar un plan de contingencia ante la crisis carcelaria por la que está atravesando el país.
Así lo señaló ese órgano, al manifestar que con esta medida se deben garantizar los derechos humanos de cada uno de los reclusos de los centros carcelarios del país.
En el mismo auto, la Corte Constitucional sostiene que el cierre en algunas cárceles, ordenado por autoridades judiciales del país, ha generado que muchas estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) estén hacinadas.
https://twitter.com/CConstitucional/status/1106217567746707456
Esta decisión del alto tribunal se da luego de las constantes denuncias de distintas organizaciones y entidades sobre las precarias condiciones en las que se encuentran los centros carcelarios en el país, producto del hacinamiento en las distintas cárceles. Es de anotar que en Colombia, en la actualidad, hay 134 centros penitenciarios y en todos se observa el complejo panorama.
La Sala Especial fue enfática en asegurar que el cierre parcial de una cárcel en el país debe someterse a un juicio de proporcionalidad, lo que quiere decir que las autoridades deben de tener en cuenta las posibles consecuencias que podría ocasionar en los derechos de las personas que están recluidas en uno de estos establecimientos.
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Al final de esta sentencia, se ordenó al ministerio de Justicia y del Derecho a brindar “información sobre los avances en la política de concientización ciudadana sobre los fines del derecho penal y de la pena privativa de la libertad, ordenada por la Sentencia T-762 de 2015”.
Además, pidió al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que “promueva la articulación interinstitucional con las autoridades correspondientes, a efectos de mantener la información actualizada acerca de la disponibilidad de cupos carcelarios en los establecimientos a su cargo” y, de esta manera, llevar un mayor control sobre la población carcelaria en el país.
