Desde inicios de 2025, la empresaria y creadora de contenido Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, permanece recluida en la cárcel El Buen Pastor, cumpliendo una condena por los actos de vandalismo que protagonizó durante las marchas del 2019. A lo largo de este proceso ha contado con el respaldo incondicional de su pareja, Karol Samantha, con quien tiene una hija llamada Daphne.
Durante estos cuatro meses de reclusión, su entorno más cercano ha explorado distintas alternativas legales para lograr su salida del centro penitenciario. Una de las más comprometidas ha sido Karol Samantha, quien recientemente se refirió al caso a través de sus redes sociales, respondiendo preguntas de sus seguidores sobre el futuro de Epa Colombia.
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Cuando le preguntaron si existía la posibilidad de que Barrera cumpliera su condena vinculada laboralmente a TransMilenio, Karol respondió:
“Tantas especulaciones que dicen, pero al fin de cuentas nada que nos dan respuesta. Aún seguimos acá poniéndonos la 10, esperando una respuesta de TransMilenio para poder negociar con ellos, porque saben que así Daneidy esté en el lugar que esté y que las ventas no estén como antes, queremos pagar eso, queremos enmendar el daño causado”, señaló.
Karol también añadió que el proceso ha sido lento y frustrante para la familia: “Sigue pasando el tiempo y no vemos avances. Es muy frustrante ver a la persona que uno ama allá, cuando sabemos que no representa un peligro para la sociedad. Es una buena mujer, generadora de empleo, madre cabeza de familia… Y aún así, no actúan”.
¿Justicia restaurativa: una salida posible?
Recientemente, la solicitud de cambio en el cumplimiento de la condena fue presentada por su abogado, Francisco Bernate, quien defiende la aplicación de la justicia restaurativa en el caso. Según explicó al diario El Tiempo, esta vía no busca la impunidad, sino una forma constructiva de reparación.
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“La persona participa directamente en la solución del conflicto”, aseguró Bernate, quien propuso que Barrera pueda trabajar en TransMilenio como gestora de movilidad, promotora pedagógica, cajera o vocera de campañas contra el vandalismo urbano.
Este modelo de justicia, distinto al tradicional, busca que el condenado asuma un rol activo en la reparación del daño, y que su condena tenga un efecto simbólico, pedagógico y reparador para la comunidad. De lograrse el acuerdo, entidades como el Inpec, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y TransMilenio participarían en su implementación.
“Ella no quedaría exenta de su castigo, pero sí lo transformaría en algo útil”, concluyó el abogado.
