El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó en segunda instancia el fallo que obliga al presidente Gustavo Petro a rectificar públicamente las declaraciones que hizo contra el fiscal Mario Burgos, quien lideró la investigación penal contra Nicolás Petro Burgos, hijo del mandatario.
La decisión, sustentada por la magistrada Patricia Salamanca, concluyó que las afirmaciones del presidente afectaron los derechos fundamentales del fiscal, entre ellos el buen nombre, la honra y la dignidad humana. Según el Tribunal, los señalamientos no fueron simples opiniones políticas, sino acusaciones concretas sin sustento probatorio.
Posible presión a la justicia
La Sala advirtió que las declaraciones del mandatario podrían interpretarse como una forma de injerencia o presión indebida sobre la independencia judicial, especialmente porque se dieron en el contexto de investigaciones sensibles, como el caso del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci y el proceso contra Nicolás Petro.
“Se podría llegar a inferir una presión lesiva sobre la independencia judicial”, señala el fallo, en el que se enfatiza que la investidura del presidente amplifica el impacto de sus palabras en la opinión pública.
Los señalamientos de Petro
Entre las afirmaciones por las que deberá retractarse, Petro calificó a Burgos como “subordinado de la mafia” y “narcofiscal”, además de vincularlo con el narcotraficante Sebastián Marset.
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El Tribunal determinó que la rectificación deberá hacerse en los mismos espacios en los que se difundieron los señalamientos: durante una sesión del consejo de ministros y en su cuenta de X (antes Twitter).
La Sala concluyó que el presidente no presentó pruebas ni verificó los hechos antes de difundirlos, lo que derivó en una vulneración directa a los derechos del fiscal. “Las declaraciones del presidente, emitidas en ejercicio del poder presidencial, causaron un daño al buen nombre y la honra del fiscal Mario Burgos”, puntualizó la sentencia.
