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Defensoría del Pueblo alerta sobre crisis humanitaria en Tibú

La Defensoría del Pueblo advierte riesgo extremo en Tibú por choques entre ELN y disidencias Farc, con afectaciones a niños, indígenas y líderes.
Créditos:
Prensa de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana ante el deterioro de la situación humanitaria en Tibú, Norte de Santander. El documento advierte un riesgo inminente para la población civil debido a la intensificación de la confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc, en particular el ‘Frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre’ y el ‘Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte’.

La alerta cubre la cabecera municipal y los corregimientos Reyes de Campo Dos, Pachelli y La Gabarra, así como más de 20 veredas rurales, donde la Defensoría identificó un escenario de violencia estructural que incluye homicidios, amenazas, secuestros, desplazamientos forzados y confinamientos.

Escalada de violencia y control armado

Según el informe, Tibú vive un contexto de doble autoridad armada ilegal: distintos barrios y corredores viales se encuentran bajo dominio del ELN o de las disidencias, con retenes ilegales, inspección de celulares y restricciones a la movilidad. La Defensoría reporta el uso de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y drones con explosivos, lo que incrementa el riesgo para comunidades rurales y centros educativos.

La violencia ha obligado al cierre de escuelas rurales desde enero, y los enfrentamientos afectan especialmente a niños, adolescentes, mujeres y pueblos indígenas Barí y Yukpa. La entidad advierte 35 casos de reclutamiento infantil registrados hasta julio y reportes de violencia sexual y explotación de mujeres migrantes venezolanas.

Comunidades en riesgo y llamado a acciones urgentes

La Defensoría pidió al Ministerio del Interior y a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) implementar de manera urgente las 20 recomendaciones de la alerta. Entre ellas, la desarticulación de los grupos armados ilegales, la protección colectiva para líderes sociales e indígenas y la asignación de recursos para el desminado humanitario en zonas priorizadas, especialmente cerca de escuelas y caminos veredales.

La entidad advirtió que, sin una intervención inmediata, la violencia podría extenderse hacia municipios vecinos del Catatumbo como El Tarra, San Calixto, Sardinata y Teorama, donde ya se registran movimientos armados y desplazamientos preventivos.

 

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